Los sindicatos aseguran que esta ofensiva responde a “una forma de gobernar caracterizada por la restricción de derechos y libertades básicas de la ciudadanía”.

Denuncian que esta política del Ejecutivo ya “ha conseguido que haya casi 300 sindicalistas sometidos a un proceso judicial, algunos incluso con petición de penas de ocho años de cárcel, tan solo por el hecho de ejercer el derecho constitucional de huelga”.

En su opinión, se está aplicando una “restricción desproporcionada” del ejercicio de este derecho, creándose una “dinámica de criminalización de la acción sindical con el fin de desalentar a los trabajadores en el derecho a movilizarse”.