Carnicer ha enviado esa carta ante la prolongación del plazo de enmiendas a esa ley y la solicitud del Gobierno para habilitar el mes de julio para su tramitación

parlamentaria.

En la carta, reitera la voluntad de dialogar en nombre de los 83 Colegios de Abogados y de sus 250.000 colegiados para salvaguardar "un servicio que funciona muy satisfactoriamente, sin incidencias ni quejas por parte de los ciudadanos".

Ese servicio, dice, solo ha sido noticia negativa "por los retrasos en los abonos en las exiguas retribuciones, incluso con los impagos y con los recortes unilaterales por parte de algunas administraciones públicas”.

El diálogo mantenido con el Ministerio de Justicia y los innegables avances logrados en algunos aspectos, explica, no han impedido que, "al parecer por imposición del Ministerio de Economía y de la Oficina Económica de la Presidencia del Gobierno", haya sido imposible rectificar los “graves errores del proyecto de Ley de Justicia Gratuita".

Por esos errores, denuncia, esa Ley "perjudica al justiciable, no garantiza la financiación pública ni la cercanía de la Justicia al ciudadano, no destina el dinero de las tasas a la Justicia Gratuita, desconfía y sospecha de los ciudadanos, no garantiza la digna retribución del servicio, burocratiza y hace más lenta la labor de los abogados y de los Colegios y, sobre todo, deteriora un servicio de calidad y no mejora el actual modelo ni lo moderniza”.

Según Carnicer, en el Proyecto de Ley de Justicia Gratuita hay temas nucleares que si no se cambian “pondrán en riesgo un servicio público modélico" que en 2013 costó 42 millones de euros menos que en 2009, en gran parte por la reducción de las retribuciones a los abogados de oficio.

Por ello, Carnicer considera justificado el malestar de los abogados y alerta de que, si no se solucionan esos problemas, los proyectos serán "contestados socialmente".

"No queremos una Justicia que dificulte el acceso a la tutela judicial efectiva ni una justicia cargada de barreras o de tasas ni una Justicia cada día más lejos de los ciudadanos", concluye Carnicer.