Según señaló el ministerio en una nota de prensa, este proyecto de real decreto se basa en el respeto de los principios de la unidad de mercado y de libre circulación de mercancías, al mismo tiempo que tiene en cuenta el cumplimiento de normas de protección medioambiental para hacer seguros esos traslados y garantizar la trazabilidad de los residuos.

El texto recoge las obligaciones y responsabilidades de los sujetos intervinientes en el traslado, la regulación de la relación entre el operador del traslado y el destinatario del residuo, el documento de identificación que acompaña el traslado de los residuos, así como el régimen de la notificación previa, en aquellos casos en los que fuese necesaria.

El proyecto de real decreto destaca la supresión de las notificaciones previas en los traslados de residuos peligrosos cuando hay varias comunidades autónomas afectadas o la previsión de tramitación electrónica de su documentación.

En la reunión, la ministra ha sometido al CAMA la modificación de dos anexos del Real Decreto de 2013 sobre restricciones a la utilización de sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos, ha informado del apoyo de España a la propuesta de la Comisión Europea sobre el marco regulatorio en materia de clima y energía para el periodo 2020 a 2030 y del proceso de elaboración de programas de seguimiento de las estrategias marinas, así como ha dado a conocer los principales objetivos que se propone llevar a cabo durante su gestión.