Así lo señaló el director de Energía Nuclear de Unesa, Ricardo Salve, durante su intervención en un seminario sobre las perspectivas de la generación nuclear del Club Español de la Energía, en el que dijo ver “sensatos” los requisitos de seguridad y valoró la “profesionalidad” del regulador.

Salve explicó que los cuatro principales retos para las operaciones a largo plazo de las centrales son el desarrollo de la capacidad y la tecnología para las centrales a largo plazo, así como el entorno fiscal y regulatorio, y el del mercado de la electricidad.

En este sentido, constató la “infrautilización” de los ciclos combinados y la reducción de la demanda electricidad, con un consumo de 240.000 gigavatios hora en 2013, lo que supuso “volver a cifras de hace 10 años”.

“No hay obstáculos legales o regulatorios” para la vida a largo plazo de las centrales, sostuvo Salve, quien apuntó que la mayoría de las licencias de operación actuales vencen entre 2020 y 2012, con una vida útil de en torno a 27 años.

En concreto, la licencia de Almaraz (Cáceres) y Vandellós II (Tarragona) expira en 2020, Cofrentes (Valencia) en 2021, Ascó I y II (Tarragona) en 2023 y 2025 respectivamente, y la de Trillo (Guadalajara) en noviembre de este año, mientras que para la de Santa María de Garoña (Burgos) se ha solicitado su prolongación hasta el año 2031.

La rentabilidad de este tipo de centrales en caso de prolongarse su vida útil depende en gran medida del “condicionante normativo” que se establezca, agregó Salve.

REGULACIÓN

Por su parte, el profesor emérito de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales, Agustín Alonso Santos, indicó que los actuales procedimientos regulatorios para la explotación a largo plazo de las plantas nucleares deben modificarse. Santos subrayó la necesidad de una definición “más clara” del proceso de autorización y del seguimiento y cumplimiento de las directiva de seguridad Euratom.

A este respecto detalló que el real decreto de 2008 sobre las centrales contiene tres “factores limitadores”, como son el hecho de que la operación a largo plazo no quede incluida en la lista de autorizaciones, que no haya referencias al final de la vida útil de las plantas, ni a la revisión de seguridad periódica.

De igual forma, Santos, que destacó la importancia de una “buena relación” entre el Ministerio de Industria y el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), sostuvo que cuando la central de Garoña solicitó la autorización de 10 años, el regulador indicó que “estaban dispuestos a seguir operando la planta” pero se autorizó finalmente cuatro años a pesar de que “no existían motivos de seguridad nacional".

ESTADOS UNIDOS

De su lado, el vicepresidente de licencias de renovación en Exelon Generation, Michael Gallagher, recordó que en Estados Unidos operarán 38 unidades por encima de los 40 años de vida a final de este año, del total de 99 plantas.

De hecho, en el país norteamericano no hay que probar que el equipo va a durar durante 60 u 80 años sino que hay una gestión del envejecimiento de los componentes y las piezas, precisó Gallagher.

El coste de una obtención de licencia en Estados Unidos para prolongar la vida útil de las centrales asciende a unos 35 millones de dólares (26 millones de euros), apuntó Gallagher, que matizó que aparte hay “más requisitos”, y esta cifra puede oscilar entre los 200 y los 400 millones de dólares (entre 150 y 300 millones de euros) en el caso de plantas con hasta 80 años.