Gallardón se expresó en estos términos en los pasillos del Congreso de los Diputados después de que el juez José Castro cerrara la instrucción del 'caso Nóos' con la imputación por delitos de fraude fiscal y blanqueo de dinero de la infanta Cristina por su papel en el ‘caso Nóos’.

“La justicia es igual para todos los ciudadanos, sin necesidad de que haya actuaciones concretas que lo vengan a acreditar”, aseguró Gallardón, para insistir en que “ésta es una realidad que ha sido defendida por todos los poderes del Estado”.

El ministro de Justicia, que incidió en que “en un Estado de Derecho todos tenemos que respetar las decisiones del poder judicial”, agregó que “cobran valor en un día como hoy” las afirmaciones realizadas en distintos momentos por los dos monarcas.

Por un lado, Gallardón recordó el discurso navideño del rey Juan Carlos I hace dos años, en el que destacó “la igualdad de todos los españoles ante la ley”. Por otro, hizo referencia al discurso de proclamación de Felipe VI el pasado jueves ante las Cortes Generales, donde “hizo un alegato a favor de la independencia judicial”.

El ministro de Justicia reconoció que el hecho de que se mantenga la imputación de la hermana del Rey “no es una sorpresa”. “Está en la línea de la actuación que había marcado ya el juez Castro”, dijo.

ESPERAR A LA AUDIENCIA

Acto seguido, recordó que, “porque estamos en un Estado de Derecho”, las decisiones unipersonales son recurribles ante los órganos colegiados.

“Se ha anunciado la interposición de recursos y, por tanto, con todo el respeto la decisión judicial habremos de esperar a que la Audiencia, que es el órgano que tiene la última palabra, adopte una decisión”, afirmó, para mostrar el “respeto absoluto” del poder Ejecutivo “a las decisiones del poder judicial”.

Gallardón defendió, en este sentido, que la Fiscalía “actúa con autonomía” y que, por tanto, “no sigue instrucciones del Gobierno en ningún asunto concreto”. “La decisión que adopte la Fiscalía Anticorrupción lo hará dentro de su autonomía y no puede pronunciarse el Gobierno”, defendió.

Por otro lado, el ministro de Justicia recalcó que el caso de la Abogacía del Estado es “distinto”. “Tendrá que estudiar el perjuicio patrimonial que, en su caso, podría haber existido”, incidió.