Gallardón explicó en la Cámara Alta que el Ejecutivo ha apostado por este colectivo por su experiencia en las funciones registrales, su capacidad para hacerse cargo de la inversión que supone la creación de una plataforma digital y su conformidad con la gratuidad de los trámites para los ciudadanos.

El titular de Justicia afirmó que los registradores mercantiles se encargan ya de un registro muy similar al modelo que quiere establecer el Ministerio y que apuntaba la ley de 20/2011, del Registro Civil, aprobada por el PSOE, que desjudializaba el Registro Civil, pero sin determinar qué funcionario se encargaría de ello.

De este modo, el nuevo registro se basará en personas y no en los actos que deban inscritos, y los registradores mercantiles, que actualmente se encargan de la administración de registros de personas jurídicas, con la puesta en marcha de esta reforma asumirán también los de las personas físicas.

En un comunicado, el Ministerio de Justicia señala que, tras analizar en profundidad los problemas reales de ejecución que presenta la ley aprobada en 2011, se ha decidido incluir algunas modificaciones, motivo por el que su entrada en vigor inicial, prevista para el próximo 22 de julio, se prorrogará en los próximos días.

PLATAFORMA DIGITAL

Para garantizar un servicio público efectivo, Gallardón anunció que los registradores mercantiles realizarán las gestiones a través de una plataforma digital, que financiarán ellos mismos sin coste alguno para el Ministerio de Justicia y el ciudadano, pero que siempre se mantendrá bajo titularidad pública, en la que se abrirá un folio o historial a cada persona, no a cada acto que realice (como el nacimiento, el matrimonio, un cambio de apellidos o la propia defunción).

El tratamiento de los datos de esta plataforma de gestión pública tendrá un sistema de seguridad superior a los actualmente existentes para garantizar la privacidad de los mismos y el Ministerio garantiza que todos los libros del Registro Civil, legajos e índices, así como la base de datos única en las que se depositen los asientos electrónicos, sus documentos y archivos complementarios o relacionados seguirán perteneciendo a la Administración General del Estado.

Este sistema informático permite interoperabilidad entre Administraciones y hará innecesarias el 85% de las certificaciones que se expiden actualmente en el Registro Civil, unas tres millones al año, además de evitar que el ciudadano tenga que acercarse físicamente al registro a realizar sus trámites.

SERVICIO GRATUITO

Entre los cambios, se introduce la gratuidad tanto de las inscripciones como de las certificaciones que se realicen, una circunstancia que la ley de 2011 no garantizaba.

Además, pese a apostar por un verdadero desarrollo informático que permita al ciudadano no tener que desplazarse al Registro Civil, se garantiza que haya una oficina en cada capital de provincia, mientras que la ley que debería entrar en vigor sólo fijaba una por cada Comunidad Autónoma.

La reforma completa el mapa del Registro Civil estableciendo que allá donde no exista un registro mercantil, las notarías o las oficinas de los juzgados de paz que con la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial quedarán integradas en los ayuntamientos desarrollarán labores del Registro.

El nuevo modelo permitirá también que los jueces, secretarios y funcionarios que actualmente se dedican en exclusiva o de forma compartida a prestar este servicio pasen a realizar su actividad en el ámbito de la función jurisdiccional, lo que reforzará la Administración de Justicia.