El acuerdo fue firmado por la secretaria de Estado para la Función Pública, Carmen Gomis Bernal; la secretaria federal de la Fsesp, Carola Fischbach-Pyttel; el secretario general de la FSC de CCOO, Enrique Fossoul de la Sierra, el secretario general de la FSP de UGT, Julio Lacuerda; y el presidente nacional de CSI-CSIF, Domingo Fernández.

En virtud de este acuerdo, el Gobierno promoverá los contactos necesarios con el resto de los Estados miembros para impulsar este proceso de diálogo social, elaborando un reglamento interno y un programa de trabajo que permita la formalización del mismo.

Para ello, el Gobierno creará un grupo de trabajo del que formarán parte las representaciones de las Federaciones europeas de sindicatos y los diferentes Estados miembros.

Durante el encuentro, De la Vega repasó con los representantes sindicales los objetivos y retos de la Presidencia española en materia de Administraciones Públicas, desde el convencimiento de que el papel del sector público debe ser crucial, como motor de crecimiento y eficiencia.

Por este motivo, el Gobierno entiende que los trabajadores de las administraciones públicas europeas deben contar y tener voz a la hora de establecer estas políticas.

El futuro Comité tendrá como objetivo alcanzar un acuerdo supraestatal que haga de la Administración europea un modelo y un elemento activo de economía sostenible al servicio de los ciudadanos.

El Ejecutivo considera que el acuerdo para la Función Pública firmado en España alcanzado el pasado mes de septiembre es un "buen punto" de partida.

DIÁLOGO SOCIAL EUROPEO

El proceso de diálogo social europeo comenzó, a nivel informal, en 1994, con un seminario conjunto entre los Directores Generales de Función Pública de los Estados Miembros, agrupados en la red conocida como Eupan, y los representantes de federaciones sindicales europeas más representativas del sector.

El 20 de mayo de 1998, la Comisión Europea adoptó una decisión relativa a la creación de Comités de diálogo sectorial para promover el diálogo entre los interlocutores sociales a escala europea.

Más adelante, durante la Presidencia francesa de la UE de 2000, los Ministros de Administraciones Públicas europeos invitaron a los directores generales a desarrollar el diálogo social con los sindicatos representativos y profundizar en la cuestión de la representatividad patronal sobre la base de una lista de aspectos del diálogo social.

Posteriormente, en febrero de 2005, durante la Presidencia luxemburguesa, la Federación Sindical Europea de Servicios Públicos y la Confederación Europea de Sindicatos Independientes (CESI) alcanzaron un acuerdo de cooperación y crearon una delegación sindical única, denominada TUNED (Trade Union Delegation), lo cual dio unidad a la representación sindical.

En diciembre de 2005, bajo la Presidencia británica, se concertó una primera declaración conjunta sobre igualdad y diversidad y, ya en 2006, se firmaron otras dos declaraciones conjuntas sobre movilidad y liderazgo, firmadas durante las Presidencias austriaca y finlandesa, respectivamente.

"No obstante, hasta hoy el diálogo social no se había formalizado, y carecía de un cauce institucional", sostiene el Ejecutivo español.