La manifestación, que discurrió por el Paseo de la Castellana hasta el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, tenía como objetivo exigir que se respeten los “legítimos derechos” del sector, según informó la Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica (Anpier).

El presidente de Anpier, Miguel Ángel Martínez-Aroca, leyó un manifiesto en que se reclamó que la política energética de España “pase a ser una verdadera política de Estado y no la imposición caprichosa de unas pocas personas, que no cuentan ni siquiera con el consenso de su propio partido y sí con el beneplácito de un reducido grupo de empresas”.

Además, solicitó “que se tomen medidas efectivas para que la generación eléctrica no sea exclusivamente una actividad del ámbito de media docena de grandísimas empresas y que se democratice su participación y competencia”.

Desde la asociación criticaron que 62.000 familias españolas invirtieran sus ahorros en el desarrollo y generación de energía solar fotovoltaica, tras el llamamiento del Estado para impulsar un nuevo modelo económico responsable y sostenible, y que finalmente fueran “engañados por el propio Estado”.

Los reales decretos que regulan estas inversiones “se convirtieron en papel mojado” al ser “un rosario interminable de normas retroactivas” que han mermado los retornos garantizados por el Estado hasta en un 50%, indicó Anpier.