Por ello, Blanco apeló, en el Congreso de los Diputados, a la responsabilidad de estos profesionales para que se pueda llegar a un acuerdo que permita la racionalización de sus salarios, algo que calificó de “imprescindible” para que el Gobierno pueda implantar un nuevo modelo aeroportuario.

Según Blanco, este nuevo modelo tiene “el objetivo de garantizar la rentabilidad de nuestro sistema aeronáutico para ayudar a la economía en su conjunto y contribuir a la salida de la crisis desde una perspectiva sostenible”.

“El elevado coste de la navegación se debe a la baja productividad y a la limitada capacidad de AENA para mejorar el sistema de organización del trabajo, y ese es un obstáculo estructural del actual modelo”, afirmó.

El ministro apuntó que las tasas de navegación españolas son un 48% superiores a la media europea, doblan las de Grecia, Túnez o Marruecos y triplican las de Turquía.

Esto ha llevado al Gobierno, explicó, a compensar las altos tasas de navegación con unas tasas aeroportuarias muy por debajo de la media europea, que han descompensado el sistema y generan este déficit de 300 millones de euros anuales.

Sobre este nuevo modelo, que contempla la entrada de capital privado (un máximo del 30%) y de las comunidades autónomas, anunció que aunque AENA conservará la mayoría en los consejos de administración de los aeropuertos de especial complejidad y mayor tráfico, serán necesarias mayorías cualificadas para tomar decisiones sobre aspectos como nuevas rutas.

AENA AEROPUERTOS S.A.

El primer paso del nuevo modelo será la creación de AENA Aeropuertos S.A., una sociedad mercantil que se encargará de la gestión de los servicios aeroportuarios de toda la red y que abrirá un 30% de su accionariado a la iniciativa privada. Esta sociedad no tendrá las competencias de navegación aérea, que continuarán en la actual AENA.

Además, se crearán sociedades filiales de gestión para gestionar los aeropuertos de mayor tráfico y complejidad, en principio los de Barajas y El Prat, en los que participarán los gobiernos autonómicos, los ayuntamientos y las cámaras de comercio. Estas filiales pagarán unas tasas a la sociedad matriz por utilizar estos aeropuertos y tendrán los mismos derechos que ésta en el resto de aeródromos.

Por otro lado, señaló que las comunidades autónomas podrán continuar con la gestión de los aeropuertos que no tengan carácter de aeropuerto de interés general y anunció que estos aeródromos podrán acoger vuelos internacionales.