El órgano de gobierno de los jueces hace estas consideraciones en el texto base de informe al Anteproyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial, que la Comisión Permanente del Consejo ha aprobado este lunes para que el pleno de la institución lo vote el 26 de junio.

A este respecto, según informó el CGPJ, su informe alude a que merece una “valoración positiva” que el Ejecutivo haya incluido en su propuesta legislativa el aforamiento de la Reina, el Príncipe heredero y el consorte de éste.

Sin embargo, los vocales apuntan que “por circunstancias sobrevenidas a la elaboración de este anteproyecto, de conocimiento público, resulta necesario regular el estatuto jurídico de S.M. El Rey Don Juan Carlos I de Borbón y S.M. La Reina Dª Sofía, tras la abdicación del Rey, atribuyendo a ambos la prerrogativa del aforamiento”.

Además, el Consejo recomienda la revisión de la redacción del precepto y la utilización de un “lenguaje igualitario”, incluyendo en consecuencia, de modo expreso, “una referencia a la Princesa heredera”, en referencia a doña Leonor.

LITACIÓN TEMPORAL

Asimismo, respecto al aforamiento en general, el CGPJ sostiene que “el aforamiento no es una condición inherente al enjuiciamiento de determinados cargos públicos, mucho menos cuando tiene lugar por delitos ajenos a la función que desempeña” y que, “en el Derecho comparado, o bien no existe el aforamiento, o los aforados son muy pocos”.

El órgano de gobierno de los jueces añade que el aforamiento procesal “causa varios problemas en el procedimiento y conduce en ocasiones a situaciones de difícil comprensión” y que “puede significar una afectación del principio de igualdad procesal, al extenderse más allá de los casos previstos en la Constitución y vinculados al principio de inmunidad, persistiendo incluso tras el cese en el cargo, cuando el beneficio deja de tener justificación objetiva para convertirse en un privilegio personal”.

Por este motivo, el Consejo plantea “la necesidad de la limitación del aforamiento “ad personam” y se propone “enfatizar el carácter funcional de esta prerrogativa, de manera que deberá vincularse, en todo caso, a los hechos cometidos en el ejercicio de la profesión o el cargo y al actual desempeño o ejercicio del mismo, cesando cuando cese aquel”.

En todo caso, los vocales consideran que “debería suprimirse la extensión temporal que el Anteproyecto establece, manteniendo el privilegio del fuero tras hacer desparecido la condición o cesado en el cargo”.