La Fiscalía de la Audiencia Nacional indica en su escrito que Díaz Ferrán y sus socios podrían haber cometido varios delitos de estafa y pide al juez Pedraz que averigüe si Air Comet “continuó vendiendo billetes” después de que la justicia británica decidiera el pasado 22 de diciembre embargar los aviones con los que operaba la aerolínea y precipitase el cierre de la compañía.

Para confirmar este extremo, el representante del Ministerio Público encargado del caso, el fiscal Jesús Alonso, pide al juez que recurra a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional.

Fuentes de la Audiencia Nacional explicaron que, previsiblemente, Pedraz decidirá mañana si admite a trámite la querella e investiga a los propietarios de Air Comet por estafa.

El fiscal Alonso insta además a Pedraz a solicitar a las autoridades judiciales del Reino Unido la sentencia por la que la Corte Suprema de ese país acordó el cese de las actividades de Air Comet. La justicia británica adoptó esta decisión después de la denuncia presentada por el banco alemán Nord Bank contra Air Comet por las deudas contraídas por la compañía aérea.

El fiscal Alonso también pide que el Ministerio de Fomento comunique si se abrió expediente a Air Comet por “su forma de llevar cabo su actividad o la gestión de la propia entidad”. Por último, solicita al juez “cuantas diligencia se deriven de las cuestiones en orden al completo esclarecimiento y averiguación de los hechos”.

La Fiscalía argumenta que, al tratarse de presuntos delitos de estafa, la competencia para la investigación de los hechos corresponde a la Audiencia Nacional.

“COMPARTAMIENTO IRRESPONSABLE”

La querella contra los propietarios de Air Comet fue presentada el pasado 22 de diciembre por varias organizaciones miembros del Consejo de Consumidores y Usuarios (CCU) y en ella se acusaba a Díaz Ferrán y sus socios de delitos de estafa, apropiación indebida e insolvencia punible.

Los querellantes alegan en su escrito que Air Comet "ha estado vendiendo, tanto a través de sus oficinas, como de una red de agencias concertadas y por comercio electrónico, al menos hasta el día 18 y en época de máximo tránsito, pasajes aéreos a los usuarios, recibiendo por ello el correspondiente precio, con conocimiento de su situación de manifiesta insolvencia y la imposibilidad del cumplimiento de sus obligaciones".

Los miembros del CCU decidieron presentar la demanda por el "comportamiento irresponsable de la aerolínea con sus pasajeros".

OTRA QUERELLA

El pasado 17 de diciembre, el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco rechazó hacerse cargo de otra querella presentada contra el propietario de Air Comet y presidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán.

En este caso, Díaz Ferrán fue denunciado por la utilización de los fondos públicos concedidos por el entonces Gobierno de José María Aznar para la cancelación de las deudas de Aerolíneas Argentinas.

En el auto dictado por el juez Velasco se señalaba que la Audiencia Nacional no es competente para investigar el caso y se ordenaba que las diligencias fueran remitidas de vuelta al Juzgado de Instrucción número 35 de Madrid.

Díaz Ferrán y su socio en el Grupo Marsans, Gonzalo Pascual, están imputados en esta causa por delitos de desvío de fondos públicos, delito fiscal y estafa procesal.

En concreto, Air Comet, sociedad cuyos máximos accionistas son Díaz Ferrán y Pascual, utilizó presuntamente 230 millones de euros entregados en 2001 por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) para amortizar pasivos de Aerolíneas Argentinas.