La llamada 'Operación Perceval' se inició tras el descubrimiento de una trama compuesta por funcionarios de la Gerencia Territorial del Catastro de Santa Cruz de Tenerife, quienes, en connivencia con el que fuera trabajador de la notaría, emitían resoluciones y certificaciones catastrales irregulares.

Con ellas, favorecían los intereses de terceras personas que utilizaban dicha documentación para alterar la titularidad de parcelas, modificar superficies y trazado de las mismas, inscribirlas irregularmente en el Registro de la Propiedad y ahorrarse impuestos de bienes inmuebles.

Durante la operación los agentes han realizado cuatro entradas y registros en domicilios de los detenidos y en dependencias de la Gerencia Territorial del Catastro de Santa Cruz de Tenerife.

La operación, que sigue abierta y está bajo secreto de sumario, la dirige el Juzgado de Instrucción nº 1 de San Cristóbal de La Laguna y la llevan a cabo el Grupo de Delitos Contra la Administración de la UCO y la Unidad de Policía Judicial en Santa Cruz de Tenerife, en colaboración con la Dirección General del Catastro del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.