Entre el resto de grupos parlamentarios, el PSOE votó en contra y La Izquierda Plural, CiU, PNV y UPyD decidieron abstenerse. El informe, aprobado con competencia legislativa plena, pasará directamente a su tramitación en el Senado sin la deliberación y votación final en el Pleno de la Cámara Baja.

Esta norma regula el proceso de aprobación y aplicación de los acuerdos internacionales y fija tres tipos de compromisos. Los tratados internacionales, que están reservados al Estado, los acuerdos internacionales administrativos, que pueden ser suscritos por las comunidades autónomas, y los acuerdos internacionales no normativos, que constituyen declaraciones de intenciones que pueden firmar gobiernos, ministerios, comunidades o ayuntamientos, sin obligación legal de su cumplimiento.

El texto establece que las comunidades autónomas podrán participar en los tratados que les afecten y podrán tener iniciativa para pactar acuerdos administrativos y no normativos. Asimismo, fija el derecho de la comunidades a ser informadas de los tratados que afecten a sus competencias.

La diputada del PP María Aránzazu Miguélez destacó que es una ley mejorada “entre todos” con la admisión de 52 enmiendas de las 163 presentadas.

Por su parte, el diputado socialista Diego López Garrido aseguró que el contenido del proyecto de ley “ha decepcionado” al PSOE. Además, lamentó que en la negociación del texto no se aceptara casi ninguna de las enmiendas socialistas y criticó “el bipartidismo de PP y La Izquierda Plural” en las negociaciones.

Por el PNV, Aitor Esteban señaló que el texto “peca de excesivo control” y limita los ámbitos de actuación de las comunidades autónomas, mientras que el diputado de CiU Jordi Xuclà denunció “la política de laminación de las competencias” por parte del Gobierno hacia las autonomías.

UPyD, a través de Irene Lozano, agradeció “el esfuerzo negociador del PP” pero cuestionó que es una ley centrada en las competencias “bastante administrativa”. Por último Joan Josep Nuet, de La Izquierda Plural, señaló que se trata una ley “normativista” y “con una voluntad de gran control”.