Según informó el CGPJ, la magistrada considera que ya no existe obstáculo que pueda perjudicar la investigación del caso, por lo que las partes podrán acceder a la totalidad de las diligencias.

El Consejo explicó que la ley establece el plazo de 30 días para mantener en secreto una causa, algo que afecta también a las partes personadas en la causa, excepto la Fiscalía. En el caso del asesinato de Carrasco, este plazo termina mañana este jueves, día 12 de junio.

En este momento, la juez ya ha recibido el informe final de la autopsia practicada al cadáver de la presidenta de la Diputación de León. Este análisis indica que la causa inmediata de la muerte de esta dirigente del PP fue un "shock hipovulémico y destrucción de centros nerviosos superiores a consecuencia de impactos de proyectiles de arma de fuego corta". Este examen está respaldado por dos médicos forenses, según manda la ley.

22 TESTIGOS

Asimismo, el CGPJ informó de que la instructora del crimen de León ha tomado declaración a 22 los testigos, entre los que están ciudadanos que han acudido al juzgado como personas que presenciaron los disparos, amigos de la agente de la policía local imputada y otros agentes.

Además, la instructora ha realizado, entre otras diligencias, análisis de las llamadas telefónicas realizadas y recibidas por las imputadas; posicionamientos de teléfonos móviles; dos registros domiciliarios (el domicilio de M.T.M.G. y de R.G.R.); y un registro de la taquilla personal de la agente policial.

En el registro al domicilio de M.T.M.G., la Policía encontró como hallazgo casual una cantidad de droga que hace suponer que no es para el consumo y, por tanto, podría ser un presunto delito de tráfico de drogas.

TRÁFICO DE DROGAS

Al no tener relación con el delito que se estaba investigando (un delito de homicidio), la juez ha informado ya de este hecho al Decanato de León para que establezca, según las normas establecidas, qué Juzgado debe investigar si existe algún delito. Por último, la juez está a la espera de recibir el informe balístico y la información resultante de los volcados de ordenadores y memorias informáticas.

Además de la acusación pública o Fiscalía, a la causa se han personado -como acusación particular- miembros de la familia de la presidenta de la Diputación.

Además, la juez tiene que resolver, tras haber dado ya traslado a las partes y estar a la espera de recibir sus respuestas, si la Diputación de León y el PP, como instituciones, son admitidas también como partes de este proceso.