Según el CGPJ, esta vocal ha presentado un escrito en el que discrepa del informe que han elaborado las también vocales Carmen Llombart y Pilar Sepúlveda. Estas integrantes del Consejo han elaborado el dictamen que su institución votará el 13 de junio y que, junto a las alegaciones, conformará la posición de este órgano sobre la modificación de la interrupción del embarazo que plantea el Gobierno.

A este respecto, Díaz señala que la propuesta de las ponentes de desligar el aborto eugenésico de los efectos sobre la salud psíquica de la madre violaría los compromisos internacionales de España en materia de protección de la discapacidad

Esta vocal cuestiona el planteamiento de Llombart y Sepúlveda, quienes coinciden en pedir que el supuesto del aborto eugenésico -en los casos en los que exista una anomalía fetal incompatible con la vida- se desligue de la afectación de la salud psíquica de la mujer, al entender que no se da conflicto entre los derechos de la embarazada y la protección del concebido.

A este respecto, Díaz recuerda en su escrito que, en su reciente informe al anteproyecto del aborto presentado por Justicia, el Comité de Bioética ha considerado que la despenalización del aborto en la regulación de 1985 y de 2010 en el supuesto de anomalías del feto “es una norma discriminatoria que atenta contra la Constitución española y contra la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad y que perpetúa el enfoque inadmisible de la discapacidad”.

Por este motivo, esta vocal critica la introducción del aborto eugenésico como supuesto independiente, desligado no solo de los efectos sobre la salud psíquica de la madre, sino incluso de la viabilidad del feto. A su juicio, permitir el aborto simplemente cuando concurran graves taras físicas o psíquicas del feto, “deja a éste completamente desprotegido y supone una violación de los compromisos internacionales del Reino de España en materia de protección de la discapacidad”.