El Cermi lanzó este llamamiento ante el crecimiento de esta actividad fraudulenta que, impulsada por la crisis, abusa de la imagen de la discapacidad y de otros colectivos en riesgo de exclusión social y realiza acciones de juego para las que no tienen concesión ni ninguna cobertura administrativa, lo que convierte la actividad en no legal.

El Cermi, en nombre del sector de la discapacidad de Galicia, subrayó que “estas personas llevan mucho tiempo luchando por desarrollarse en plenitud de derechos laborales, sociales y de imagen, y no pueden ahora verse manchadas y arrasadas por actividades que las sitúan fuera de la legalidad”.

Por ello, denunció estas actividades que pueden relacionar a personas con discapacidad con la mendicidad, con actividades ilegales o con modelos benéfico-asistenciales que ya han sido superados. De este modo, pidió a las autoridades que “actúen en consecuencia y se muestren firmes a la hora de acabar con estas prácticas, que afectan a su dignidad como ciudadanos”.

Además, alertó del riesgo para los consumidores de este tipo de productos no legales, "que dejan a la población sin una mínima garantía de sus derechos como ciudadanos, al adquirir un juego no reconocido legalmente".

El Cermi se refirió a un informe público del sector del juego, que indica que la crisis ha elevado un 20% el número de personas en riesgo de exclusión, muchas con discapacidad, utilizadas por el juego ilegal en los últimos dos años, hasta casi 4.000 vendedores ilegales.

Mientras, aumentan un 21% las ventas del juego ilegal desde 2011, hasta alcanzar los 84 millones de euros anuales, y casi 100.000 consumidores compran y se enfrentan cada día a una situación de total indefensión ante los juegos ilegales, señaló el Cermi Galicia.

FRAUDE PARA LOS CONSUMIDORES

Según esta entidad, se requiere una actuación decidida de la Administración contra las actividades de estos operadores, “que atentan contra el colectivo de personas con discapacidad, suponen un fraude para los consumidores, una estafa para los jugadores, un fraude fiscal para el Estado y las comunidades autónomas y un atentado contra los derechos de los trabajadores”.

La gestión del juego en España, argumenta el Cermi Galicia, exige autorización administrativa previa de los órganos competentes en cada caso, que son la Administración General del Estado en cuanto a juegos de ámbito estatal y las comunidades autónomas en cuanto a los juegos que se desarrollan en sus ámbitos territoriales.

Los operadores de juego ilegal no sólo se enriquecen de forma ilícita, sino que la comercialización de estos juegos da origen a actos de engaño y de confusión entre los consumidores, que se encuentran en una situación de indefensión absoluta, subrayó el Cermi Galicia. Además, añadió, replican imágenes y mensajes publicitarios y copian las mecánicas de juego y las estructuras del juego legal, básicamente las loterías de la ONCE.

En Galicia actúan cuatro organizaciones de juego no legal: OID (única con implantación en toda España), ADM, Asmis y Cupón del Minusválido, que utilizan a 61 personas en las calles y cerraron unas ventas en 2013 de casi un millón de euros (943.280), poniendo en riesgo a más de 2.000 gallegos, que cada día se acercan a este tipo de juego sin conocer que supone un fraude sin garantías para los consumidores.