En su sentencia, la Sala de lo Contencioso-Administrativo considera que dicho decreto fue conforme a Derecho. Con ese decreto, el Gobierno, que además declaró el estado de alarma, encomendó transitoriamente al Ministerio de Defensa las facultades de control de tránsito aéreo atribuidas a la entidad pública empresarial Aena.

Para el Supremo, el cierre del espacio aéreo español, valorado como hecho objetivo, sí tiene entidad para constituir un presupuesto habilitante para que el Gobierno tome esa decisión.

En esa línea, señala que “es tanta la magnitud y la variedad de los intereses afectados” por ese cierre que “forzosamente ha de concluirse que la excepcionalidad de la medida guarda una razonable proporcionalidad con los importantes problemas que pretende conjurar”.

Asimismo, concluye que afectó a “un sinfín de necesidades personales, empresariales o económicas, y lo hace en una amplísima proyección sobre un muy elevado número de personas individuales y sobre organizaciones del más variado tipo”.

En su recurso, la USCA argumentaba que el cierre del espacio aéreo lo fue por la “exclusiva voluntad” de Aena, que fue la que generó la situación que luego se utilizó como fundamento de la posterior declaración del estado de alarma.

Además, defendía que no concurrieron las circunstancias extraordinarias que establece la Ley de Seguridad Aérea para que el presidente del Gobierno pudiera adoptar la decisión de que la competencia del control de la circulación aérea general fuera ejercida por el Ministerio de Defensa.