El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, explicó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que el Gobierno ha apostado por "un procedimiento ágil, eficaz y, sobre todo, con las máximas garantías" ante "derechos que pueden estar en conflicto: la propiedad intelectual, de un lado, y la libertad de expresión y el derecho a la información, de otro.

El procedimiento comenzaría con una queja que los ciudadanos pueden presentar ante la Comisión de Propiedad Intelectual, dependiente del Ministerio de Cultura y que sería el encargado de investigar si hay algún acto lesivo contra la propiedad intelectual.

La Comisión advertiría de este hecho al propietario de la página y también a los jueces de lo contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional, que podrían ordenar el bloqueo al acceso de la web en un plazo de cuatro días.

Caamaño afirmó que este procedimiento requiere de la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial, para atribuir a los jueces de lo contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional la competencia de control previo sobre el cierre de web de descargas.

Por su parte, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, indicó que, respecto de este procedimiento, el Ejecutivo "ha trabajado siempre con el espíritu de armonizar derechos e intereses vinculados a la propiedad intelectual, especialmente en el terreno de la creación audiovisual".

Para Fernández de la Vega, este recorrido administrativo-judicial deja atrás "vacíos legales e indefensiones" y se trata de "un modelo que establece todas las garantías" para los ciudadanos.