El texto elaborado por el Gobierno deberá ser revisado por los distintos órganos consultivos, principalmente el Consejo de Estado, el Consejo Económico y Social (CES), la Comisión Nacional de Competencia (CNC) y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

A continuación, según explicó la vicepresidenta, el texto se remitirá "cuanto antes al Parlamento", para acelerar su entrada en vigor.

Según De la Vega, esta ley "forma parte de la estrategia para la economía sostenible" del Ejecutivo y busca mejorar "el entorno económico, la competitividad y la sostenibilidad medioambiental", así como impulsar las inversiones en investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) y "un modelo energético sostenible".

La vicepresidenta subrayó que se trata de lograr "un nuevo modelo de crecimiento más resistente, más seguro y que impulse la recuperación económica", por lo que se mostró confiada en lograr "el mayor consenso posible".