Así lo manifestó Luis Cayo Pérez Bueno, presidente del Cermi, en un curso avanzado del Instituto Torroja de Ciencias de la Construcción, organismo perteneciente al Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), que se celebra hasta hoy en Madrid y dedicado al estudio del régimen de los ajustes razonables en el entorno construido preexistente.

El representante del Cermi subrayó el límite temporal que marca la ley, diciembre de 2017, y alertó de lo próximo que está, por lo que todos los agentes obligados, administraciones públicas y operadores privados titulares de bienes inmuebles y espacios urbanizados, "han de ser conscientes de este deber y trabajar con intensidad para que cuando llegue la fecha estén al día en sus obligaciones de accesibilidad", dijo.

"Queda relativamente poco tiempo", señaló el dirigente del Cermi, y "mucho por hacer, por lo que no hay que relajarse". Así, insistió en que la ley de 2013 dio un plazo de 17 años, luego rebajado a 15, "más que suficiente para realizar los ajustes razonables que hagan accesible aquello que no lo era a su entrada en vigor".

En su intervención, Luis Cayo Pérez explicó la institución jurídica de los ajustes razonables, su regulación normativa en el Derecho internacional (Naciones Unidas y Unión Europea) y español y su aplicación concreta al ámbito de la edificación y el urbanismo.