Según Sanz-Pastor, “la legislación española, pero sobre todo la de la Comunidad de Madrid, invisibiliza por completo” a este colectivo, al no contemplar “en absoluto” su realidad, y lo mismo sucede con la nueva ley educativa que entrará en vigor el curso que viene.

“En ningún momento se menciona que existen alumnos con dislexia, como los hay con discapacidad”, y en consecuencia no se presta ninguna atención a sus dificultades específicas de aprendizaje, señaló Sanz-Pastor.

ADAPTACIONES

La presidenta de la asociación quiso dejar claro que la dislexia no implica una discapacidad ni menor inteligencia, aunque sí más dificultades a la hora de acceder a la información. Por ello, dijo, “lo ideal para que estos niños aprendan es una metodología multisensorial, basada en audiolibros y en las nuevas tecnologías”.

“El problema es que los maestros ponen pegas para su utilización en el aula”, prosiguió, del mismo modo que “nos encontramos graves obstáculos a la hora de realizar exámenes oficiales como Selectividad u oposiciones”.

Entre otras adaptaciones, Sanz-Pastor reclamó “más tiempo a la hora de hacer los exámenes, que los profesores formulen en voz alta las preguntas, que no se obligue a estos alumnos a copiar los enunciados o que las faltas de ortografía se les corrijan teniendo en cuenta su diagnóstico”. “Esto es el mínimo para lograr competir en igualdad, pero hay mucho más", subrayó.

Sanz-Pastor denunció la falta de diagnóstico, con lo que “no se sabe a ciencia cierta cuántos disléxicos hay en España ni muchos reciben atención a tiempo”, y lamentó que “la terapia reeducativa que estos niños precisan para aprender a leer e identificar sonidos tengan que pagársela las familias. No la sufragan ni Educación ni Sanidad, con lo que solo los que tienen medios pueden acceder a ellas”.

La presidenta de la asociación pidió finalmente que la futura Ley de Educación recoja la realidad de los disléxicos y prevea las adaptaciones necesarias en las pruebas externas, así como la detección precoz en Preescolar.

Por último, reclamó una legislación común para toda España, "pues Madrid está cinco escalones por detrás de Andalucía, Baleares y Murcia. Nuestros estudiantes solo disponen de 20 minutos extra en Selectividad, cuando en Andalucía, por ejemplo, se les leen las preguntas”.