La diputada de UPyD Irene Lozano se refiere a esta cuestión en una pregunta por escrito que ha dirigido al Gobierno, en la que plantea al Ejecutivo si el "abandono del pueblo saharaui" ante los abusos y delitos de Marruecos es "compatible" con la obligación legal de España de favorecer el bienestar de los habitantes del Sahara occidental.

En la pregunta, recogida por Servimedia, Lozano solicita al Gabinete de Mariano Rajoy que aclare su compromiso con la seguridad de la población saharaui y para evitar cualquier tipo de abusos. Además, esta diputada pregunta por el dinero que se transfiere a Marruecos desde las instituciones europeas en concepto de lucha contra emigración irregular y su supuesto uso para mantener el muro que divide el Sahara.

Lozano afirma que, con la reforma de la jurisdicción universal impulsada por el PP, “diferentes casos inmersos ya en fase de instrucción e, incluso con el juicio oral ya señalado, están siendo sobreseídos por falta de competencia en los juzgados de la Audiencia.

"DESCOLONIZACIÓN"

Sin embargo, siguen abiertas determinadas causas, como la querella interpuesta ante el ministro de Defensa, el ministro de Interior y el ministro de Asuntos Exteriores del Reino de Marruecos por el presunto asesinato de un ciudadano español y otras 18 personas en el desalojo del Campamento de la Dignidad, en el Sáhara.

La diputada del UPyD recoge además en su pregunta que la Fiscalía señala en un auto en relación a estos sucesos que no cabe sobreseimiento alguno dado que el territorio en el que sucedieron los hechos era territorio español cuando comenzó la persecución del pueblo saharaui por Marruecos.

El Ministerio Fiscal establece que “con derecho a la legalidad internacional, España sigue siendo potencia administradora de iure, aunque no ad hoc del Sáhara Occidental” por lo que tiene la obligación de procurar “el bienestar de los habitantes de ese territorio” y “su protección contra todo abuso hasta que finalice el proceso de descolonización”.

A este respecto, Lozano se dirige al Gobierno para preguntarle si tiene intención de "rectificar la reforma de la jurisdicción universal" que ha provocado además la puesta en libertad de narcotraficantes.