Según informó Justicia, el Ejecutivo dio el visto bueno a un proyecto de reforma la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) para, entre otros aspectos, mejorar los permisos de jueces y fiscales. De esta forma, los miembros de la carrera judicial y de la fiscal dispondrán de cinco días en lugar de los tres a los que se les redujo en 2012 como consecuencia de la situación económica.

Al mismo tiempo, el también se reforma la LOPJ para delegar en las comunidades autónomas que han asumido las competencias de Justicia la gestión de la jubilación del personal al servicio de la Administración de Justicia de los cuerpos generales y especiales, así como las posibles prórrogas de permanencia en el servicio.

MÁS EFICIENTE

Con esta medida, Justicia dijo que se persigue una agilización de los trámites de jubilación y una organización más eficiente, ya que se harán cargo de los mismos los órganos de las comunidades autónomas que ya gestionan todas las demás materias relativas al estatuto y régimen jurídico de este personal.

Por otra parte, se suprime la constitución obligatoria de los tribunales delegados para el acceso a los cuerpos de los funcionarios de la Administración de Justicia, que, en ocasiones, han resultado poco operativos e innecesariamente costosos, produciendo, además, un incremento de la litigiosidad.

La supresión de esta obligatoriedad afecta a los tribunales delegados que intervienen en estas pruebas selectivas realizando funciones meramente administrativas que pueden llevar a cabo otros órganos de esta naturaleza de la Administración autonómica.

CRITERIOS DE RACIONALIDAD

Estos tribunales delegados territoriales se podrán seguir constituyendo cuando lo aconsejen circunstancias de carácter objetivo, como el tipo de pruebas a realizar, el contenido de las funciones a desarrollar o el número de plazas convocadas, atendiendo siempre a criterios de racionalidad.

Justicia destacó que el proyecto de ley orgánica complementaria de racionalización del sector público y de medidas de reforma administrativa incorpora las medidas aprobadas en la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA). Este grupo fue constituido dentro del programa de reformas económicas gubernamentales que tienen como finalidad corregir ineficiencias y redundancias competenciales que implican gastos innecesarios y suponen falta de agilidad y transparencia.

Dicha comisión se ha encargado de la revisión de las distintas propuestas de simplificación, eliminación de duplicidades y mejoras de gestión presentadas por los distintos Ministerios, que culminaron en su informe de 21 de junio de 2013.