Los técnicos de este organismo intergubernamental, del que España forma parte desde su creación en el año 1989, están realizando una revisión del cumplimiento de España con estos compromisos.

Fuentes conocedoras de estos encuentros explicaron que las reuniones comenzaron el pasado 22 de abril y se prolongarán hasta el próximo 7 de mayo.

Se trata de una evaluación con nuevos estándares a la que España se somete de forma voluntaria y cuyo informe final se dará a conocer entre el 19 y el 24 de octubre de este año.

De este modo, España será el primer país que será valorado con este nuevo estándar, al que más tarde se sumarán Noruega, Australia, Bélgica e Italia.

En su misión de valoración en España, la delegación del GAFI mantendrá encuentros con el Ministerio de Economía y Competitividad, el Sepblac, la Dirección General de Seguros, el Tesoro, Ministerio de Hacienda, Agencia Tributaria o Aduanas.

Asimismo, también están previstas reuniones con responsables del Ministerio del Interior, el Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado (CICO), el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), la Fiscalía Anticorrupción, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) o el Banco de España.

Las mismas fuentes apuntaron que la delegación se trasladará a Málaga, puesto que se trata del centro que cuenta con el mayor dispositivo para la lucha contra el blanqueo de capitales, para analizar los procedimientos.

En el año 2006, España ya se sometió a una evaluación de este organismo y posteriormente se constató que se había hecho un progreso importante en la solución de las deficiencias identificadas incialmente.

40 RECOMENDACIONES

El objetivo inicial del GAFI era trabajar por la prevención de la utilización del sistema bancario y otras instituciones financieras para el blanqueo de capitales derivado del narcotráfico.

Este organismo está integrado actualmente por 34 países y dos organismos como la Comisión Europea y el Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo.

Las denominadas '40 Recomendaciones' se redactaron en el año 1990, si bien años después han sido revisadas para que puedan adaptarse de manera universal a la lucha contra el blanqueo de capitales, la financiación al terrorismo y la financiación de armas de destrucción masiva.