JpD estudia acciones legales tras el incendio en los Juzgados de lo Social de Madrid
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La asociación Jueces para la Democracia (JpD) anunció hoy que estudiará “la viabilidad del ejercicio de acciones legales” tras el incendio que se produjo ayer, jueves, en los Juzgados de lo Social de Madrid.
En un comunicado, JpD exige también al CGPJ y el Ministerio de Justicia que “no se reanuden los trabajos en el edificio de la calle Princesa de Madrid, con suspensión de los señalamientos que sean necesarios, hasta que no se garantice que no existe riesgo alguno para quienes en ese edificio prestan sus servicios”.
La asociación de jueces asegura que “este suceso ha puesto de manifiesto una vez más las inaceptables condiciones en las que se presta dicho servicio público, en un espacio en el que habitualmente se encuentran miles de personas”.
A su juicio, el funcionamiento “deficiente” de los sistemas de prevención, de los mecanismos de evacuación y de los instrumentos de actuación ante accidentes muestran “una vez más las gravísimas carencias en materia de seguridad que siguen existiendo”.
JpD lamente también “las condiciones que tienen que sufrir a diario los ciudadanos, funcionarios y magistrados que acuden y prestan sus servicios en tal edificio” y recordó que las instalaciones están “arrendadas por la Comunidad de Madrid a una empresa privada”.
La asociación de jueces explica en su comunicado que el edificio actual es “un inmueble con carencias más que evidentes que lo hacen totalmente inhábil para albergar un servicio público como el que ahí se presta”.
FALLECIMIENTO DE UN MAGISTRADO
Además, señala que “una muestra clara de todo ello es el conjunto de circunstancias que rodearon el fallecimiento del compañero magistrado de lo social Ángel Luis del Olmo el 2 de julio de 2013”.
La asociación apunta que este juez “tardó más de 45 minutos en ser atendido por el Summa, debido en parte a las malas condiciones de señalización y distribución de dicho edificio” y recuerda que interpusieron “una denuncia ante la inspección de trabajo dirigida contra la Comunidad de Madrid, el Ministerio de Justicia y el CGPJ por las malas condiciones del edificio y la falta de evaluación de riesgos de los puestos de trabajo de magistrado”.
“Transcurrido casi un año nada se ha hecho al respecto por las administraciones implicadas y sólo la profesionalidad del cuerpo de bomberos y la suerte han evitado lo que ahora podía haber sido una desgracia”, denuncia el comunicado.
(SERVIMEDIA)
25 Abr 2014
BCR/gja