Esta medida afecta a empresas de 20 o más trabajadores que no cuenten con un 6% de trabajadores con discapacidad en plantilla, y que a partir del 1 enero de este año tendrían que pagar una contribución de entre 3.300 y 5.500 euros, dependiendo de su tamaño, por cada puesto no cubierto.

La Secretaria de Estado para la Familia y la Solidaridad, Nadine Morano, ha atribuido el retraso en la aplicación de las sanciones a la crisis económica.

La medida ha provocado el descontento de las asociaciones de personas con discapacidad, que denuncian que los fondos que se recaudarían de este modo se destinarían a programas de formación e integración laboral de trabajadores con discapacidad, que actualmente tienen un índice de desempleo del 20%, casi el doble que la media.