Así, explicó que el Gobierno de Navarra supervisará que los beneficiarios no pueden disponer de otras prestaciones sociales, que residen de forma continuada y permanente en la comunidad, que escolarizan a sus hijos y que cumplen con su compromiso de formación y búsqueda activa de empleo.

Igualmente, se establecerán medidas para prevenir la economía sumergida o las rupturas conyugales ficticias.

El Gobierno de Navarra invirtió el año pasado 37,5 millones de euros en la Renta de Inclusión Social, que recibieron 9.472 familias, con un total de 22.278 personas.

Además, se concedieron otros 1,7 millones en ayudas extraordinarias a 1.661 familias. Para 2014 el Departamento de Políticas Sociales prevé que se puedan alcanzar los 50 millones de euros.

Señaló que el objetivo de estos controles, que podrían conllevar la reducción o supresión de la Renta para aquellos receptores a quienes se descubriera algún fraude, es garantizar que los recursos públicos lleguen a las personas y unidades familiares que “realmente lo necesitan”.