Gallardón discutió sobre este tema con el senador andaluz de IU José Manuel Mariscal en la sesión de control al Gobierno, donde Mariscal le preguntó cuándo el Ejecutivo iba a acabar con el privilegio de que el Obispado de Córdoba y el Cabildo catedralicio hicieran de fedatarios públicos de la Mezquita.

En su pregunta, el senador dijo que a la Iglesia le había costado 30 euros inmatricular la Mezquita en el registro en marzo de 2006, y que cobraba ocho euros por entrada a 1,2 millones de visitantes anuales. Afeó al expresidente del Gobierno José María Aznar haber permitido la inmatriculación de los espacios de culto para que la Iglesia se hiciera con la propiedad de los mismos y preguntó si el actual Ejecutivo pensaba "modificar la legislación para evitar ese robo".

Gallardón respondió inicialmente que el 11 de abril, tres días antes del registro de la pregunta, el Consejo de Ministros ya aprobó un anteproyecto que equiparaba a la Iglesia con el resto de personas jurídicas a efectos de inscripción. Y, cuando Mariscal señaló al año de cadencia de la ley hasta que pueda aplicarse como una coartada para que la Iglesia pueda seguir inmatriculando edificios a su favor, el ministro aprovechó su último turno para responder a todas las objeciones.

Desde el punto de vista histórico, Gallardón recordó que la Mezquita se construyó sobre una basílica visigótica destruida; desde el jurídico, puntualizó que la inscripción de un dominio no tiene nada que ver con el título de propiedad y que, al datar aquella de 2006, cuando gobernaba el PSOE, el plazo para revocarla concluyó en 2008, cuando seguía haciéndolo.

Desde esta última premisa, el ministro concluyó que para arrebatar a la Iglesia la propiedad de la Mezquita habría que expropiarla, y eso sería "un despropósito económico y jurídico". Jurídico porque la Ley de Patrimonio pone como requisitos para hacerlo el que el bien expropiado esté en peligro de destrucción o sometido a usos incompatibles, cosa que no ocurre actualmente con la Mezquita. Y económico porque la expropiación costaría muchos millones al Estado, con lo que, dando la vuelta a la pretensión de Mariscal, le preguntó "por qué propone que demos a la Iglesia esas cantidades ingentes de dinero cuando por ocho euros podemos disfrutar de la Mezquita".