Según el Comité, no existe un procedimiento que permita tener un pronunciamiento previo del CGPJ sobre si las personas con discapacidad que aspiren a ingresar en la carrera judicial tengan garantías plenas de que su discapacidad sea compatible con las tareas judiciales, en caso de aprobar finalmente la oposición.

La Ley Orgánica del Poder Judicial y el Reglamento de Acceso a la Carrera Judicial establecen una reserva del 5% en favor de personas con discapacidad, pero requieren que se acredite que la discapacidad sea compatible con la función de juez.

Con ese pronunciamiento, el aspirante podría programar sin incertidumbres una oposición que suele llevar varios años de preparación, sabiendo que si concluye con éxito el proceso selectivo podrá ingresar en la citada carrera, pues su aptitud para el desempeño del puesto ya estaría acreditada.

Esta petición del Cermi se produce poco después de conocerse el caso de Gabriel Pérez, el vallisoletano ciego licenciado en Derecho que quiere ser juez, que aguarda que la justicia responda a su pregunta sobre si, efectivamente, podría ejercer como magistrado cuando aprobara las oposiciones correspondientes.

Pérez formuló el 1 de julio de 2013 al CGPJ si le permitiría ser juez en caso de aprobar el examen correspondiente pese a su discapacidad. "No voy a parar hasta que me contesten", declaró a Servimedia. Entonces le dijeron que la respuesta le llegaría en el plazo de un mes, algo que todavía no se ha producido.

Este hecho, su ceguera, no debería ser, en su opinión, un obstáculo para ejercer como juez en España, donde las tecnologías permiten ya a las personas con discapacidad visual grave acceder a los textos informatizados y donde, según argumenta, existen figuras como la del secretario judicial o la del ayudante.

Pese a tener todo esto presente, este licenciado en leyes no se fía y decidió preguntar antes de ponerse a preparar unas oposiciones largas y difíciles si, en caso de aprobarlas, le garantizarían que podría ejercer como juez.