Feder recordó que la Plataforma del Tercer Sector ha pedido al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que cambie el anteproyecto con el fin de que la ley tenga en cuenta la singularidad de estas entidades, pues “la reforma planteada las equipara al sector empresarial y resulta imposible que las entidades sin ánimo de lucro cumplan los mismos requisitos” que el resto.

“Debemos trasladar a la Administración Pública la particularidad de las organizaciones del Tercer Sector, cuya base es la acción social, y que cumplen fines de interés general y prestan un servicio que es competencia de la propia administración”, afirmó Juan Carrión, presidente de Feder.

Esta federación señaló, a través de un comunicado, que “si el Gobierno quiere realizar enfoques y acciones que favorezcan la acción social y la solidaridad, debe hacer un esfuerzo plasmando en la nueva norma aquellas regulaciones en las que primen la supervivencia y el fortalecimiento de lo social, articulando regulaciones específicas que establezcan condiciones y requisitos adaptados a la realidad social y finalidad perseguida”.

Para Feder, los aspectos relacionados con las entidades y los beneficiarios son “de gran importancia” y criticó que el borrador plantee como beneficiario a la propia entidad y no a las personas, que son quienes en última instancia reciben el servicio o el bien subvencionado.

En este sentido, planteó que se reconozca a las entidades como perceptores de fondos y a las personas que las organizaciones atienden como beneficiarios.

COFINANCIACIÓN

Por otro lado, Feder recalcó que la norma indica que los servicios que se prestan a las personas en riesgo de exclusión social deben ser cofinanciados con fondos privados. “El sistema de cofinanciación lleva a la situación paradójica de que sean las propias entidades sociales las que están financiando a la administración pública para el cumplimiento de sus obligaciones con la ciudadanía más desprotegida”, apostilló.

Además, apuntó que el anteproyecto de ley no debería aplicar el principio de complementariedad con carácter general a las subvenciones que se determinen en función del coste de la actividad o proyecto presentado, ya que perjudica a entidades o proyectos sociales que, por sus características, no tengan capacidad o posibilidad de generar recursos propios para cofinanciar sus actuaciones debido a su dimensión, la especificidad de la intervención o la situación grave de exclusión en la que se interviene.

“Desde Feder, y en nombre de las 250 asociaciones que representamos, solicitamos que no se lleve a trámite esta modificación de la ley, ya que, además de vernos afectados directamente, supondría el riesgo de cierre de muchas de nuestras asociaciones”, sentenció Carrión.