La nueva norma establece que las empresas europeas deberán informar sobre cuestiones como los efectos que tienen sus actividades sobre la salud y seguridad, gases de efecto invernadero, usos de energías alternativas, consumo de electricidad y de agua, políticas de igualdad de oportunidades, condiciones laborales, implantación de derechos sindicales, dialogo con las comunidades locales, medidas sobre la prevención de los abusos derechos humanos, y lucha contra la corrupción, entre otros asuntos.

Además, también deberán informar sobre la política, objetivos y resultados en materia de diversidad que aplican a los órganos de gobierno, dirección y supervisión con respecto a asuntos como la edad, el sexo, la procedencia geográfica, la formación y experiencia profesional.

No se especifica ningún formato para elaborar dicho informe, pero se referencia a marcos nacionales o internacionales de información financiera, la única condición es que la empresa se debe referir a cual se está utilizando. Para cada uno de estos temas las empresas deberán incluir una descripción del modelo de negocio, sus políticas y los sistemas de control de las mismas, los resultados, y los riesgos que tienen relación con sus operaciones.

De todos modos, la Comisión tiene previsto publicar una guía antes de mayo de 2016 –que no será de obligado seguimiento– sobre cómo elaborar esta información. La directiva incorpora el principio de “cumplir o explicar”, y así en el caso de que una compañía no disponga de una política o acción sobre un tema deberá explicar por qué no se cuenta con ella.

Respecto a la verificación de la información serán los estados miembros los que establecerán el grado de revisión externa que deberá tener esta información. Para la entrada en vigor de la nueva norma, que afectará a 6.000 empresas, todavía falta que sea aprobada por el Consejo de la Unión, y los estados miembros deberán transponerla antes de mayo de 2016.