Explicó que la Consejería de Medio Ambiente permite además un aumento de la ocupación privada de los montes de utilidad pública que pasa de 15 a 30 años si no hay construcción o a 75 años si conlleva edificación, “lo que supone una ocupación privada de los montes de uso común de todos los madrileños”.

“Se trata de un diseño global del Gobierno regional orientado a fomentar de nuevo la capitalización de beneficios de su tradicional empresariado de la construcción mediante una apuesta de desarrollo hotelero y complejos deportivos y de ocio elitistas y de carácter turístico que den cabida a nuevos desarrollos urbanísticos de lujo residencial”, manifestó.

Destacó que el Ejecutivo regional, con la aprobación de las medidas incluidas en la denominada Ley de Acompañamiento, “no va a preservar los niveles de calidad medioambiental garantizados por la anterior normativa de protección de parques regionales, la continuidad de los ecosistemas protegidos y la calidad del aire”.

A su juicio, los artículos 8 a 12 de la citada ley suponen una “agresión a los espacios especialmente protegidos”.