Campuzano, a través de un comunicado difundido por su formación, reclamó que impulse una normativa que se adapte a las singularidades y necesidades reales de las entidades sin ánimo de lucro para garantizar su sostenibilidad.

Este parlamentario catalán destacó la importante labor que realizan las entidades sociales a favor de las personas más vulnerables, y recalcó que las organizaciones no son las beneficiarias de las ayudas, sino los 10 millones de personas a las que van dirigidas sus acciones.

MÁS BUROCRACIA

El diputado de CiU se hizo eco, a través de una proposición no de ley, del malestar y la preocupación que ha generado en el Tercer Sector la reforma de la Ley de Subvenciones que impulsará el Gobierno.

Así, mencionó el aumento de la burocracia y los trámites administrativos, que dificultan el acceso a las subvenciones; el empeoramiento de los procesos de justificación de pagos, ya que el la reforma que prepara el Ministerio de Hacienda impide la aceptación de facturas electrónicas como comprobante de pago; que la Administración tenga un plazo para el abono de la ayuda y que la entidad debe anticipar el importe íntegro de la subvención.

TEMOR A LAS SANCIONES

Además, el Gobierno pretende obligar a las entidades a financiar con fondos propios o privados un 25% de cada proyecto que desarrollen, a lo que se suma el endurecimiento del régimen sancionador, pues aumenta el tipo y la cantidad de la sanción.

Campuzano denunció que esta reforma “agrava” el problema y pone en riesgo la subsistencia de más del 90% de estas entidades, ya que no tiene en cuenta que éstas son “una correa transmisora que no obtiene retorno de sus acciones”, por lo que deberían diferenciarse las ayudas de interés general de las que no lo son.