El ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert, hizo en la defensa del texto un llamamiento a los grupos parlamentarios, para lograr el máximo consenso posible en torno a una reforma cuyos pilares dijo que son el refuerzo de la persecución de la piratería, el mayor control de las entidades de gestión de derechos de autor y la denominada 'tasa Google', por la que se obligará a los agregadores de contenidos en Internet a compensar a autores y editores por el uso de “fragmentos significativos” de sus trabajos.

Wert consideró que el máximo acuerdo parlamentario contribuiría de manera importante a la concienciación social en la lucha contra la piratería.

José Torres Mora, del PSOE, aseguró que la reforma da respuesta insuficiente a problemas como la piratería “y la seguridad jurídica es la gran víctima de este proyecto”. Sin embargo, aseguró que su grupo tendrá disposición al acuerdo en el trámite de las enmiendas parciales. “Aunque será difícil, estamos obligados a intentarlo por la cultura”.

"DERECHOS DE PERIODISTAS"

Por La Izquierda Plural, Chesús Yuste, tachó el proyecto como “uno de los más intervencionistas” que ha presentado hasta ahora el Gobierno de Rajoy. “La única novedad relevante es la tasa Google: por qué se reconoce el derecho a la compensación solo a los editores y no a los periodistas que elaboran las noticias”.

El resto de grupos que presentaron enmiendas coincidieron en reprochar al Ejecutivo un intento de dar una atención preferente a los editores de prensa con la denominada ‘tasa Google’. PNV y CiU supeditaron su apoyo a la norma a la eliminación de la invasión de competencias de las comunidades en las que consideran que incurre el articulado.

Por el PP, Juan de Dios Ruano, se mostró dispuesto al diálogo para encontrar un acuerdo, y estimó un buen primer paso que los grupos que han pedido la retirada del texto no hayan presentado textos alternativos, porque eso significa que se puede encontrar un acercamiento en torno al proyecto del Ejecutivo.

VÍA CIVIL

Con la reforma, a cuya tramitación dio este jueves luz verde la Cámara Baja, se podrá perseguir a los que se lucren con el pirateo por la vía civil y se fortalecerán las funciones de la Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual, de forma que se le permitirá actuar frente a las web que tengan como principal actividad facilitar de manera específica y masiva la localización de contenidos ofrecidos ilícitamente de forma notoria.

A esa comisión se la dota de mecanismos más eficaces de reacción frente a aquellos que no cumplan voluntariamente con los requerimientos de retirada de contenidos vulneradores de los derechos de autor, incluyendo la estrangulación económica de las páginas web infractoras. De este modo, se incluye la posibilidad de requerir la colaboración de intermediarios de pago electrónico y de publicidad. También, cuando esté justificado, podrá pedir al juez de lo contencioso-administrativo el bloqueo técnico de la web.

En caso de incumplimiento reiterado de los requerimientos de retirada de contenidos ilícitos, este órgano podrá imponer sanciones económicas de entre 30.000 y 300.000 euros.

En materia de entidades de gestión, el proyecto establece un sistema de recaudación de ventanilla única como medio de facturación y pago. Para ello, impone a las entidades de gestión la obligación de constituir una persona jurídica privada a la que se le encomiende la tarea de centralizar las operaciones de facturación y pago de los usuarios de derechos de propiedad intelectual.