El informe documenta 1.820 víctimas a manos de grupos armados (1.281 de ellas por militares de las Fuerzas Armadas) y las 1.815 restantes debido a la violencia sexual ejercida por agentes del Estado, sobre todo en las provincias Oriental, Kivu del Norte y Kivu del Sur, al este del país.

Un gran número de estos casos documentados fueron cometidos en los hogares de las víctimas o mientras las mujeres trabajaban en el campo, iban al mercado o a buscar agua.

El informe recalca que la violencia sexual contra las mujeres se utiliza como “arma de guerra” para intimidad a las comunidades locales y para castigar a los civiles por su colaboración con grupos armados o las Fuerzas Armadas.

La ONU afirma que la violencia sexual en la República Democrática del Congo es “generalizada” y, en gran medida, queda “impune”, a pesar de que en los últimos años ha habido algunos avances para responsabilizar a los perpetradores de estos actos.

Por ejemplo, la Oficina del Alto Comisionado de la ONU ha registrado 187 condenas por juzgados militares entre julio de 2011 y diciembre de 2013, con penas de entre 10 meses a 20 años de prisión.

Sin embargo, apunta que aún quedan “muchos obstáculos” que impiden a las víctimas acceder plenamente a la justicia. “Los esfuerzos limitados de algunas autoridades congoleñas para enjuiciar los casos de violencia sexual, los casos de corrupción dentro del sistema judicial y la falta de recursos contribuyen a la impunidad de los perpetradores de la violencia sexual”, apostilla.

El informe concluye que rara vez hay condenas a altos oficiales del ejército congoleño, ya que sólo 3 de los 136 miembros de las Fuerzas Armadas condenados tenían alto rango.

No obstante, la ONU destaca que “un gran número de víctimas” no denuncian los casos por temor a ser estigmatizadas y rechazadas por sus familias y comunidades. “Muchas de ellas también carecen de acceso a la justicia porque no pueden pagar los gastos legales, médicos y de viaje asociados a los procedimientos legales formales”, añade.