Este acuerdo, fruto de una moción de UPyD, supone que la futura Ley de Víctimas del Terrorismo incluirá un reconocimiento legal para los amenazados por ETA y para las personas que tienen que vivir escoltas por la presión de la banda terrorista y su entorno.

Fuentes de la seguridad privada informaron a Servimedia de que este acuerdo del Congreso podría afectar a unas 3.800 personas, que son las que, en la actualidad, tiene protección personal en el País Vasco y Navarra.

De este número de protegidos, unos 3.500 cuentan con escoltas de empresas privadas, mientras que el resto son vigilados por miembros de la Policía Nacional, la Guardia Civil o la Ertzaintza.

En este sentido, el coste de las escoltas de estos 3.800 potenciales objetivos de ETA es compartido por los gobiernos central y vasco, que son los que se encargan de pagar a las empresas se seguridad por el servicio que prestan.

A este respecto, el Ministerio del Interior destinará durante 2008 un total de 102,05 millones de euros a garantizar una seguridad adecuada de las sedes institucionales y de los cargos institucionales en el País Vasco y Navarra.