El Cermi demanda que las convocatorias de pruebas selectivas para acceso por promoción interna incluyan la reserva de un cupo del 7% de las vacantes para ser cubiertas entre personas con discapacidad, consideradas como tales en el real decreto por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social.

Asimismo, plantea que en los procedimientos para la selección de funcionarios interinos se reserve el 7% para personas con una discapacidad, de manera que, al menos, el 2% de la bolsa lo sea para ser cubierta por personas que acrediten discapacidad intelectual, en los puestos que se determinen como más idóneos a sus capacidades, y el resto de las plazas ofertadas lo sea para personas que acrediten cualquier otro tipo de discapacidad.

En lo relativo a la oferta pública de empleo fuera de la carrera judicial, el Cermi subraya que aunque el anteproyecto contempla una reserva del 7% para personas con discapacidad en la oferta pública de empleo fuera de la carrera judicial, no contempla, dentro del 7% fuera de la carrera judicial, el 2% como reserva para personas con discapacidad intelectual, previsto en el Estatuto Básico del Empleado Público.

Por ello, pide recoger en estas normas aplicables a la Administración de Justicia ese 2% dentro del 7%, igual que existe en el resto de las administraciones públicas, dado que “personas con ese tipo de discapacidad pueden cubrir determinadas puestos en la Administración de Justicia”.

En torno al cupo de reserva para personas con discapacidad en el turno de ingreso en la carrera judicial mediante concurso de méritos, el Cermi demanda establecer también en este turno dirigido a juristas de reconocida competencia que acrediten diez años, al menos, en el ejercicio profesional, el cupo de reserva para personas con discapacidad, ya previsto en la oferta de empleo en la carrera judicial mediante oposición.

En cuanto a la formación continua y con el objetivo de adaptar esta norma a las disposiciones de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y que establece que "a fin de asegurar que las personas con discapacidad tengan acceso efectivo a la justicia, los Estados Partes promoverán la capacitación adecuada de los que trabajan en la administración de justicia...", el Cermi solicita incluir el desarrollo de planes de formación sobre derechos de las personas con discapacidad.

En materia de accesibilidad en el acceso a libros, archivos y registros, el Cermi pide adaptar esta norma a las disposiciones de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, recogiendo en el anteproyecto que “quienes acrediten un interés legítimo y directo tendrán derecho a acceder a los libros, archivos y registros judiciales que no tengan carácter reservado, mediante las formas de exhibición, testimonio o certificación que establezca la ley y que sean accesibles a personas con discapacidad”.