Promovida por el Grupo Parlamentario del PP, la iniciativa fue aprobada con 24 votos a favor y hace referencia a la relación entre el absentismo y los fenómenos de abandono y fracaso escolar.

En la defensa de esta propuesta, la diputada popular Irene Moreno aseguró que la nueva Ley de Educación (Lomce) ya contiene medidas en este sentido, como la FP Básica y la mayor autonomía que se concede a los centros.

La primera permitirá adelantar “la edad de profesionalización y hará que más estudiantes permanezcan en el sistema”, dijo, mientras que los centros podrán “adaptar su oferta” a las características de los alumnos del entorno, que “ellos conocen mejor que nadie”.

El resto de los grupos se opusieron a la propuesta y esgrimieron su rechazo a la lomce y a la política educativa del Ejecutivo, que, en su opinión, más que prevenir fomenta el fracaso escolar.

CiU pidió retrasar un año la nueva Formación Profesional Básica, y acusó al PP de “querer segregar al alumnado entre los que irán a bachilleratos de primera y los que terminarán en la FP”, que se verá muy perjudicada. Por ello, presentó una enmienda al texto en este sentido, que los populares rechazaron.

Por su parte, desde el PSOE lamentaron la supresión de los programas de cooperación territorial dirigidos a prevenir el abandono escolar y al refuerzo de alumnos con más necesidades.

Según Moreno, es necesario un “plan de choque” a nivel de todo el Estado, aunque luego las comunidades autónomas y los municipios puedan complementarlo, ya que el absentismo escolar conduce a “situaciones de marginalidad y exclusión social”.

El texto señala que en último término, la Administración de Justicia, a través de la Fiscalía de Menores, puede actuar de oficio contra los padres, por un supuesto delito de abandono familiar al privar a sus hijos del derecho a la educación.

También recomienda que dichas propuestas se elaboren previo estudio de las actuaciones que en el plano educativo, social y penal ya se llevan a cabo.