Torres-Dulce hizo estas manifestaciones en su discurso de presentación ante el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, y el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes.

Advirtió que la autonomía fiscal es ahora un “presupuesto indispensable” para garantizar el buen desempeño y la “excelencia” de las funciones que tiene encomendadas. “Cada vez con más claridad y rotundidad, la sociedad exige una justicia eficaz” y no tutelada desde el poder político.

“El objetivo”, explicó Torres-Dulce, “debe ser el de mantener al Fiscal al margen de la contienda política, y vinculado a la lucha por la promoción de la Justicia y el interés de la sociedad”.

En este “chequeo” que supone el Libro Blanco, la Fiscalía parte de la necesidad de “evitar que el Ministerio Fiscal derive en una institución autista exenta de auditorías” y optar por un modelo en el que deba “responder y rendir cuentas individual y colectivamente” sobre su actuación.

Para mejorar el funcionamiento de esta institución y adaptarse a los nuevos tiempos, los fiscales creen que se debe reducir el catálogo de delitos y, como fórmula para rebajar la enorme litigiosidad en el orden penal, proponen fomentar la mediación y las conformidades.

Otra de las conclusiones del Libro Blanco destacable es que la Fiscalía propone llevar al ámbito administrativo el tratamiento penal de las faltas, ya que deben asistir a más de 325.000 juicios de faltas, la mitad de los cuales terminan con sentencia de absolutorias.

Además, Torres-Dulce ha considerado indispensable la individualización presupuestaria de las partidas destinadas a financiar las necesidades del Ministerio Fiscal.