Lo anunciaron durante una rueda de prensa en la que la Asociación Nacional de Informadores Gráficos de Prensa y Televisión (ANIGP–TV) denunció la actuación de la Unidad de Intervención Policial del Cuerpo Nacional de Policía contra estos profesionales de la información.

“Creemos que la violencia vertida contra estos informadores gráficos, debidamente identificados, durante el ejercicio de su labor profesional es del todo intolerable e inexplicable en un estado democrático”, aseguró José Luis Cuesta, vicepresidente de la Asociación.

Para los miembros de ANIGP-TV, la máxima perjudicada por la actitud de los efectivos del Cuerpo Nacional de Policía, cercenando la libertad de prensa, es la ciudadanía, que ve limitado su acceso a una información libre y veraz.

“De un tiempo a esta parte –ha añadido el vicepresidente de ANIGP-TV- la sucesión de actuaciones contra los informadores gráficos y periodistas por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, entorpeciendo su labor profesional a través de agresiones, multas y coacciones, llevan a pensar que hay un interés por limitar el escrutinio público de sus intervenciones”, afirmó Cuesta.

La ANIGP-TV presentó el pasado 13 de febrero una denuncia dirigida a la defensora del Pueblo, Soledad Becerril, donde se expuso la gravedad de la situación, se aportaron las pruebas correspondientes a la ilegítima actuación policial, y se solicitó la apertura de una investigación por parte de su institución.

La Asociación Nacional de Informadores Gráficos valora de manera muy positiva que la Policía Nacional se preocupe por la correcta identificación de los diferentes actores que participan en una intervención policial, en este caso los informadores gráficos, “lo que nos obliga a preguntarnos –han dicho- por qué todos los efectivos policiales que participaron en las agresiones a los periodistas el 29M no portaban de forma visible el numero de identificación policial (TIP) ni el operativo (NOP), los cuales mantuvieron ocultos bajo los chubasqueros, y que son reglamentarios según el artículo 21/2 del Real Decreto 1484/1987”.

Los fotoperiodistas denunciantes exigen que se depuren responsabilidades tanto en el Ministerio del Interior como en la Delegación de Gobierno”.