La sentencia exige la inmediata readmisión de los trabajadores, así como el abono de los salarios que han dejado de percibir.

La sala aprecia causa de nulidad por la forma en que se seleccionó a los trabajadores que iban a ser despedidos, sin respetar los criterios de mérito y capacidad de los empleados.

Además, recuerda que, en el caso de las administraciones públicas, "es exigible una precisión mucho más estricta que permita la determinación de los trabajadores afectados sin acudir a decisiones arbitrarias o discrecionales sin relación con los de mérito y capacidad".

En este supuesto "los criterios no han sido fijados en el período de consultas, ni en su momento inicial, ni en la decisión final, siendo totalmente imprecisos y permitiendo múltiples aplicaciones".

De esta forma, el tribunal da la razón a los sindicatos que recurrieron el despido colectivo. Esta sentencia es recurrible ante el Tribunal Supremo. Además, el recurso de Tragsa todavía no ha sido resuelto por la sala.