Sáenz de Santamaría se manifestó en estos términos en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros después de que el gobierno de los jueces advirtiera, por unanimidad, de la ilegalidad de algunos puntos de la ley.

“Si el CGPJ ha considerado que no la ley, sino algunos preceptos de la ley, tienen que ser adaptados o modificados para garantizar su plena constitucionalidad, lo estudiaremos con el máximo interés, como estudiamos todos estos informes”, avanzó.

La vicepresidenta del Gobierno insistió en que este tipo de informes al CGPJ o al Consejo de Estado “para eso se piden”. “Se piden para que nos ayuden en el ámbito de la redacción de las leyes a hacer las mejores leyes técnicamente posibles, las más efectivas y dentro del marco de la Constitución”, aseguró.

La ‘número dos’ del Ejecutivo insistió en que la modificación de la Ley de Seguridad Ciudadana responde a que “había que adaptar el conjunto de infracciones y sanciones” de la propia ley, habida cuenta de que los cambios en el Código Penal han hecho “que determinadas conductas que antes tenían una sanción penal ahora sean merecedoras de una sanción administrativa”.

Sáenz de Santamaría defendió que el Gobierno “actúa, reacciona y perfecciona” los dispositivos que tiene a su alcance para “garantizar la libertad de todos” ante unos episodios de violencia radical que son “inadmisibles”.