El proyecto de ley prevé la creación de un marco, obligatorio para la Administración e indicativo para el sector privado, que propicie la estabilidad de precios.

El ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, fue el encargado de defender el proyecto del Gobierno, que aseguró “aumentará el poder adquisitivo de las familias”, ya que “atenuará el crecimiento de precios de servicios públicos básicos y favorecerá el consumo privado”.

El titular de Economía quiso dejar claro que quedan fuera de esta norma aspectos como la negociación salarial colectiva, las pensiones y los contratos relativos a instrumentos financieros.

La regla general para el sector público será que no podrán realizarse indexaciones. Los aumentos de precios deberán estar justificados exclusivamente por la evolución de los costes del servicio.

En el ámbito privado, las actualizaciones quedarán sometidas a la libre voluntad de las partes y si no hay pacto explícito no se realizará la actualización.

Si el pacto entre las partes no especifica el índice de referencia, se utilizará el índice de actualización propuesto en esta ley, el Índice de Garantía de Competitividad (IGC).

La variación del IGC será igual a la inflación en la zona euro menos un factor corrector que permitirá recuperar la competitividad perdida. Tendrá un techo del 2% (objetivo de inflación del Banco Central Europeo a medio plazo) y un suelo del 0%.