Los grupos han presentado dos enmiendas para que el texto sea devuelto al Gobierno. Se trata de La Izquierda Plural y del BNG.

El proyecto de ley prevé la creación de un marco, obligatorio para la administración e indicativo para el sector privado, que propicie la estabilidad de precios.

Quedan fuera de esta norma aspectos como la negociación salarial colectiva (tanto en el sector privado como para el personal laboral del sector público), las pensiones y los contratos relativos a instrumentos financieros.

La regla general para el sector público será que no podrán realizarse indexaciones. Los aumentos de precios deberán estar justificados exclusivamente por la evolución de los costes del servicio.

En el ámbito privado, las actualizaciones quedarán sometidas a la libre voluntad de las partes y si no hay pacto explícito no se realizará la actualización.

Si el pacto entre las partes no especifica el índice de referencia, se utilizará el índice de actualización propuesto en esta ley, el Índice de Garantía de Competitividad (IGC).

La variación del IGC será igual a la inflación en la zona euro menos un factor corrector que permitirá recuperar la competitividad perdida. Tendrá un techo del 2% (objetivo de inflación del Banco Central Europeo a medio plazo) y un suelo del 0%.