Estas son las principales conclusiones de un informe sobre estos centros presentado este miércoles en rueda de prensa por la organización jesuita Pueblos Unidos, especializada en asistencia a los extranjeros que ocupan los CIE.

El informe es el resultado de las cerca de 1.500 visitas realizadas el año pasado a unas 300 personas internadas de los centros de Madrid y Barcelona.

Según Ángel Campos, coordinador del grupo de visitas de la ONG, el resumen del estudio es que en los CIE “hay necesidades básicas sin cubrir y una absoluta falta de libertad, y donde la regla general es la prohibición y la sospecha”.

Pueblos Unidos acusa en el informe al Ministerio del Interior de “abusar del internamiento como medida cautelar”, ya que la Policía solicita al juez el ingreso en el CIE como paso previo a la expulsión, “despreciando” pruebas de arraigo aportadas o alegadas por los inmigrantes o solicitudes de residencia en trámite. También hay un abuso del envío a los CIE porque “en muchos casos no hay perspectivas razonables de que vaya a poder ejecutarse la expulsión”. De hecho, más de la mitad de los recluidos en CIE terminan siendo puestos en libertad, según las cifras que manejan los autores del informe.

De los inmigrantes visitados por Pueblos Unidos, el 55% carece de antecedentes penales, más del 40% lleva más de cuatro años en España y sólo el 23% son recién llegados. Nigeria, Ecuador, Marruecos y Colombia son los países de origen mayoritarios.

Pueblos Unidos denuncia que a los extranjeros no se les informa en los CIE de su derecho de solicitud de asilo, no pueden acceder a sus expedientes y sufren incomunicación con el exterior y en algunos casos “situaciones vejatorias o de agresión racista”.

En los centros tampoco existe la asistencia médica aconsejada. Según el informe, no se les hace a los recién llegados un diagnóstico adecuado de su estado de salud y existen sospechas de “sobremedicación de internos con ansiolíticos para que estén más tranquilos”.

Sobre el Reglamento de los CIE que aprobó semanas atrás el Consejo de Ministros, Daniel Izuzquiza, coordinador de Incidencia Pública de Pueblos Unidos, cree que es un “avance” respecto a la situación actual, pero puede quedarse “en papel mojado” si no se acompaña de medidas de mejora de las condiciones de los centros y de trato a los internos.

Pueblos Unidos requiere un uso “escrupuloso” de los CIE, solo para casos claros de expulsión, y que se permita a los inmigrantes acceder a sus expedientes. A juicio de esta entidad, el Consejo General del Poder Judicial debería dirigir los casos de expulsión a los juzgados de lo contencioso administrativo y abandonar la “criminalización” actual de los juzgados de instrucción. También le pide que dé formación adecuada a los jueces sobre la atención a inmigrantes irregulares.