Judith Sunderland, investigadora de HRW para Europa occidental, señaló que “devolver a la gente sin cumplir el debido proceso ni evaluar si necesitan protección, implica una violación del derecho español, europeo e internacional”. “Especialmente cuando los migrantes obligados a regresar a Marruecos se enfrentan a la violencia y otros abusos a manos de las fuerzas de seguridad marroquíes”, añadió.

HRW prevé que España utilice la reunión sobre temas migratorios que mantendrá este miércoles en Tánger con Marruecos para impulsar la adopción de un mecanismo expreso que permita la expulsión inmediata y sumaria de personas migrantes en situación irregular desde Ceuta y Melilla en la costa mediterránea de Marruecos.

Esta reunión analizará, entre otras cosas, cómo poner en práctica el acuerdo bilateral de readmisión vigente entre España y Marruecos, en un momento en que las miradas están puestas en el trato que estos países dispensan a las personas migrantes.

En respuesta al ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, HRW subrayó que “el argumento de que una persona no se encuentra realmente en España hasta que traspasa el punto donde hay un policía resulta absolutamente desconcertante”. “España no puede mover la frontera según le apetece, ni tampoco puede desconocer el derecho de la UE ni las normas internacionales de derechos humanos”, agregó.

HRW y otras ONG han documentado casos de expulsiones sumarias ilegítimas hacia Marruecos efectuadas en Ceuta y en Melilla. “Los testimonios de migrantes indican que miembros de la Guardia Civil española que patrullan las fronteras de los enclaves entregan a algunos migrantes a las fuerzas de seguridad marroquíes directamente a través de los vallados y sin ningún tipo de debido proceso. Las leyes migratorias españolas prohíben este tipo de expulsión y garantizan a los migrantes en situación irregular el derecho a obtener asesoramiento jurídico y un intérprete durante los procedimientos de deportación”, epxlicó.

Human Rights Watch consideró “fundamental” que la jueza de instrucción que investiga la muerte de 15 inmigrantes tras ahogarse mientras intentaban llegar a nado a Ceuta el pasado 6 de febrero ” realice una investigación exhaustiva y diligente sobre la posible responsabilidad penal de los guardias españoles y que llegue hasta las más altas instancias de la cadena de mando”. “La investigación debe esclarecer si las acciones de la Guardia Civil incidieron en las muertes, ya sea en aguas españolas o marroquíes”, apostilló.

Sunderland señaló que “los intentos de cruce masivo de los vallados en Ceuta y Melilla implican graves problemas en materia de seguridad, y España tiene derecho de controlar sus fronteras”, pero recalcó que “estos desafíos no eximen a España de la obligación de respetar los derechos humanos, incluido el derecho a pedir asilo, y de proteger a migrantes del trato inhumano”.