En un acto celebrado en la Cámara Baja PSOE, PSC, CiU, IU-ICV, ERC, Coalición Canaria, BNG, Chunta Aragonesista, Compromís, Nueva Canarias, UPyD, la Confederación de Agrupaciones y Partidos Independientes (CAPI) y la Federación de Entidades Locales menores (FEEM), se reunieron para explicitar su respaldo al recurso.

Por parte del PSOE participaron en este acto el portavoz de Constitucional y número dos de la candidatura del PSOE a las elecciones europeas, Ramón Jáuregui; el secretario de Ciudadades y Política Municipal, Gaspar Zarrías, y la portavoz de Administraciones Públicas, Meritxell Batet, además de 19 alcaldes socialistas, venidos de distintos puntos de España.

Jáuregui aseguró a los periodistas a las puertas del Congreso que es “fundamental parar esta ley” para la autonomía municipal y para los derechos sociales de millones de españoles.

Aseguró no tener “ninguna confianza en el Gobierno” y en su capacidad de rectificar y afirmó que la fe de los municipalistas está depositada en el Tribunal Constitucional.

En nombre de IU, el eurodiputado Willy Meller aseguró que esta ley “es un ataque más” de los que sufre España para “poner en cuestión la Constitución”, a través de una política “pactada en Europa que permite una actuación antidemocrática de la Troika sobre la base del austericidio”.

A su juicio, la norma del Gobierno quiere “poner fin a la autonomía municipal” y va directamente en contra del interés de la ciudadanía. “Nos tememos un recorte de todos los trabajadores de la Administración municipal” que también quiere dejar “inerme” la democracia.

Para Miguel Gregorio Martínez, secretario general de FEEM, esta ley es “un ataque en toda regla al medio rural”. Denunció que el PP “ha intentado suprimirnos”, y aunque no lo ha conseguido, “nos ha dejado sin competencias” y “amenaza con suprimirnos” si no presentamos nuestras cuentas a 31 de diciembre.

El diputado de Compromís-EQUO, Joan Baldoví, dijo que la reunión de todos estos partidos y alcaldes supone una “lección” al PP de cómo se llega a acuerdos. “Lo hemos visualizado a las puertas de la catedral de la democracia”, para ir en contra de una “ley absolutamente injusta porque aleja los servicios del ciudadano, tiende a privatizarlos y se carga una institución que está en la primera trinchera de la democracia”.

Miguel Jamie, vicesecretario Territrorial de CHA, cree que el PP “ha ido demasiado lejos” con esta reforma , por lo que confía en que “prospere el recurso” para “rehacer esta ley y solucionar el problema de la financiación local”.

En nombre de CAPI, el concejal de Leganés Carlos Delgado, cree que “se ha perpetrado uno de los mayores ataques a la base misma de la democracia, que es la autonomía local”.

Por parte de ICV, Alberto López, que también es alcalde de La Llagosta, aseguró que esta ley “ideológica” es un auténtico “golpe de Estado del siglo XXI” que implica el “recorte sistemático de los derechos de los ciudadanos, de la soberanía más cercana” y que responde a la voluntad de la “derecha más reaccionaria”.

REQUISITOS

El 31 de marzo termina el plazo para que el municipio de mayor tamaño, que es el ayuntamiento de Barcelona, solicite un dictamen al Consejo de Estado. Este es el paso previo a la presentación del recurso ante el Tribunal Constitucional suscrito por 2.000 ayuntamientos.

El apoyo de este abultado número de corporaciones locales garantiza “sobradamente” el cumplimiento del requisito de que sea suscrito por las mayorías absolutas de un séptimo del total de los ayuntamientos que hay en España y que, además, supongan un sexto de la población.

Es la primera vez que se moviliza un número tan elevado de ayuntamientos contra una ley del Gobierno. La Ley de Racionalización y Sostenibilidad, que entró en vigor el 1 de enero de 2014, supone, según los recurrentes, la privatización de los servicios públicos municipales y el desmantelamiento y desaparición de los servicios sociales locales.