El Gobierno considera que la ley riojana es “inconstitucional porque vulnera la Ley del Sector de Hidrocarburos de 1998, que prevé que corresponde a la Administración General del Estado otorgar autorizaciones y permisos relativos a hidrocarburos cuando afecte al ámbito territorial de más de una comunidad autónoma y en las zonas de subsuelo marino.

El pasado mes de enero el gobierno aprobó ya la interposición de un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Cantabria que regula la prohibición de esta técnica, cuya aplicación ha quedado finalmente suspendida al haber sido admitida a trámite el recurso por parte del Tribunal Constitucional en febrero.

El Ejecutivo argumenta que la Ley de La Rioja, al prohibir la investigación y extracción de gas esquisto mediante la técnica del ‘fracking’, vacía de competencias al Estado en materia de hidrocarburos, cuando, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional, se entiende que las competencias autonómicas sobre medio ambiente no pueden extenderse de forma que impidan completamente el ejercicio de las competencias estatales.

Además, aclara que la normativa estatal es conforme a la normativa de la Unión Europea, que no prohíbe esta técnica de explotación de gas no convencional, y recuerda que la Comisión Europea adoptó el 22 de enero de 2014 una recomendación que establece los principios a aplicar por los Estados para garantizar una protección adecuada del medio ambiente y el clima en lo que respecta a la técnica de fracturación hidráulica de alto volumen, utilizada en particular en operaciones con gas de esquisto o no convencional.

En España la normativa vigente ya prevé la realización de evaluaciones de impacto ambiental que den cumplimiento a las recomendaciones de la Comisión, añade el gobierno, que considera que los restantes preceptos de la Ley son inconstitucionales por conexión.