El Ministerio Público ha realizado esta petición al entender que en un procedimiento ordinario como el abierto por el genocidio en Tíbet “la decisión de poner fin al procedimiento antes del juicio oral (…) corresponde a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional”.

El escrito, firmado por el fiscal de la Audiencia Nacional Pedro Martínez Torrijos, señala en este sentido que debe ser la Sala de lo Penal la que decida por lo tanto si archiva la causa contra Jiang Zemin y Hu Jintao al entender que se cumple los requisitos fijados por la derogación de la jurisdicción universal o si, por el contrario, “adoptar la decisión que estime procedente en relación con la constitucionalidad de la citada normativa”.

La reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) impulsada por el PP que entró en vigor el pasado sábado y con la que en la práctica se deroga la jurisdicción universal en España señala en su disposición transitoria que “las causas que en el momento de entrada en vigor de esta Ley se encuentra en tramitación por los delitos a los que se hace referencia en la misma quedarán sobreseídas hasta que no se acredite el cumplimiento de los requisitos establecidos en ella”.

El juez Moreno tiene dictadas órdenes de busca y captura contra Jiang Zemin y otros cuatro antiguos mandatarios del país y ha encausado a Hu Jintao. A los seis imputados se les atribuyen delitos de genocidio, torturas y lesa humanidad como presuntos responsables de la represión ejercida por el Gobierno comunista en Tíbet en los años 80 y 90.

VULNERACIÓN DE DERECHOS

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ya advirtió este miércoles de que la limitación de la justicia universal impulsada por el PP puede suponer una vulneración de derechos fundamentales. El Ministerio Público hizo esta apreciación al recurrir la decisión del juez Santiago Pedraz de mantener abierta la causa por el asesinato de José Couso sin acudir antes al Constitucional.

El escrito presentado ayer por la Fiscalía señalaba que la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial “puede suponer una vulneración de los derechos a la tutela judicial efectiva y de acceso a la jurisdicción consagrados en la Constitución Española”.

La Fiscalía entiende por lo tanto que Pedraz no podía decidir por sí mismo mantener abierta la causa por el asesinato de la cámara de televisión José Couso, que tuvo lugar en Bagdad (Iraq) el 8 de abril de 2003. El juez decidió este lunes mantener la investigación al entender que la limitación de la jurisdicción universal impulsada por el PP contraviene la Convención de Ginebra.