En concreto, este artículo señala, entre otros aspectos, que "los Estados Partes reconocerán que las personas con discapacidad tienen capacidad jurídica en igualdad de condiciones con las demás en todos los aspectos de la vida" y que, por tanto, "adoptarán las medidas pertinentes" para que estas personas tengan acceso al apoyo que puedan necesitar en el ejercicio de su capacidad jurídica.

Teniendo en cuenta esta premisa, la diputada socialista Gracia Fernández preguntó al Ejecutivo en julio de 2013 por "las líneas generales del proyecto de ley para dar cumplimiento al artículo 12 de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en lo relativo al ejercicio de la capacidad jurídica por las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones que las demás en todos los aspectos de la vida".

El Gobierno dice ahora a Fernández, en una respuesta escrita a su pregunta, que se está elaborando un borrador de anteproyecto de ley para este fin, cuyos trabajos previos están ya "muy avanzados".

El Ejecutivo reconoce que el borrador, que quiere tener listo en el primer semestre de este año, "se ha demorado más de lo previsto", debido a "la complejidad del tema y la trascendencia que puede tener su regulación".

Una vez que se haya finalizado este borrador, se pondrá en común con la Dirección General de Políticas de Apoyo a la Discapacidad del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y se dará traslado a las asociaciones afectadas, "esperando que pueda estar concluido este trámite en el primer semestre del año 2014", apunta el texto gubernamental.

Hasta la fecha, señala el mismo documento, el Ministerio de Justicia ha iniciado ya los trámites previos para acometer la reforma normativa de la que habla la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Así, explica, se ha realizado un estudio detallado de la normativa existente, tanto a nivel nacional como autonómico, de la jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional, del Derecho comparado y de la normativa comunitaria e internacional, además de los datos obrantes en el Instituto Nacional de Estadística y de los estudios multidisciplinares realizados sobre la cuestión.

Del mismo modo, señala el Ejecutivo, el Ministerio de Justicia ha mantenido contacto con diferentes asociaciones y organizaciones sociales implicadas en esta cuestión, que "han realizado sus propuestas y han expuesto sus reivindicaciones".